Una frase a la que necesariamente se apela en ciertos momentos y contextos refiere el hecho de no pasar o considerarnos “eunucos intelectuales”, suerte de seres castrados en sus formas de pensar y actuar en correspondencia con los dictados de su razón. Seres que de alguna manera están impedidos para hacer uso, por cuenta propia, de su masa gris. Por tanto, su ideario responde a las imposiciones de otros. Si de hecho, esta es una situación indeseable a cualquier humano preciado de tal, lo es más cuando la actividad a la que se dedica tiene como uno de sus objetivos: Propiciar la felicidad de sus congéneres a través del uso del poder, en el ejercicio de la política.
La actividad política per se, requiere en su quehacer, altas dosis de creatividad por cuanto se trata de abrir cauce a las ideas propias en abierta confrontación con las ideas de otros que también se dedican a esta actividad. Y no hay duda en cuanto a que, el mejor escenario para la confrontación política de las ideas es el Parlamento. Ese es el foro por antonomasia, en el que se someten a discusión previa, las acciones que ha de tomar el Estado en función de los mejores intereses de la población en particular, y del país en general. Por tanto, una condición inmanente al legislador es la discusión con base e la presentación de argumentos con la intención de convencer a los otros de que sus propuestas son mejores, respecto de los fines ya señalados, que la de los otros. Es en esos momentos cuando el intelecto y potencial argumentativo echan mano de la información disponible y desarrollan las capacidades creativas de los “diputados” para alcanzar los mayores beneficios para el colectivo.
Pues bien, en Venezuela, la capacidad creativa y la calidad argumentativa de los representantes del pueblo en el Parlamento, acaba de ser anulada mediante la aprobación de una Ley. En efecto, la Asamblea Nacional aprobó modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, no solo en contravención de lo establecido en el artículo 251 de la Carta Magna Venezolana, sino más aún, intentando cercenar el derecho humanamente universal de actuar conforme a los dictados que su conciencia, señale a cada “diputado”. Esto so pena incluso, de ser sancionado con la inhabilitación política de quien ose actuar fuera de lo establecido en los nuevos artículos que van desde el 27 al 32, en los que se pretende concretar dicha aberración humana mediante el uso de una figura jurídica a la que se define como “fraude a los electores y las electoras”.
Más aún, para complementar la burla implícita en tamaño disparate, el individuo que tiene en sus manos la responsabilidad del Ejecutivo, asume públicamente ser promotor y autor de la reforma de esa ley, teniendo además el tupe de instalar, dictando una “clase magistral”, un Instituto de los Altos Estudios Políticos. Habrase visto contradicción tan evidente. Se supone que un instituto de esa naturaleza forma para actuar conforme criterios propios derivados del análisis y estudio crítico de la realidad. Entonces, como interpretar esta disociación cognitiva entre, por una parte, formar para la acción crítica en la confrontación con la realidad que resulta no solo compleja, sino cambiante y, por la otra, si una de estas personas llegase al Parlamento, ha de tragar grueso para no atragantarse y superar las posibilidades de un infarto en la disyuntiva íntima de atender a su propio criterio o lamer la bota del amo actuando en contraposición a los dictados de su conciencia. En medio de tal contexto ¿cómo podría o pudiere haber evolución del pensamiento y la acción política cuando todo permite intuir que el objetivo de tales reformas legales no es otro que el establecimiento del pensamiento único?.
Por lo demás, como asumir el hecho de que en esa ocasión, el responsable del Poder Ejecutivo increpe a un sector de los nuevos “diputados”, aún por asumir las responsabilidades propias de sus curules, ordenándoles calificar de una u otra forma a los diputados no afectos a ese sector político, lo que pone en evidencia quien da las órdenes y les priva del uso de sus criterios propios y dictado de sus conciencias. Esto es, son “diputados” con la conciencia empeñada a un hombre y no en función del país. Una cuestión que va de frente contra el contenido en tanto propósito, espíritu y razón de la Constitución.
Los “diputados” que votaron a favor de esta ley, al hacerlo se desconocieron a si mismos, no solo como ciudadanos y diputados sino, lo más grave aún, como personas o seres humanos. A mi que personalmente no me gusta asignar calificativos a los seres humanos, a menos que sea menester hacerlo, no puedo sino señalar que, esos “diputados” han devenido en “cosas” que en el más estricto sentido de la palabra, son utilizados por el amo o dueño de sus conciencias en razón de sus más íntimas y fisiológicas necesidades. Esta ley, a la que hemos de bautizar como “seccureza”, en buena hora viene a regular el flujo de sus esfínteres intelectuales….
Bismarck Ortiz Rondón
V: 3,627.220
Ciudad Bolívar 18 de diciembre de 2010
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