ELECCIONES PRIMARIAS 2016: GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVAR
ANALISIS Y
EVALUACION DE ESCENARIOS
Necesidad de un discurso creíble y sustentable
Una introducción reflexiva: Las Primarias
En lo que
respecta a una campaña electoral y sus posibles resultados, paro, concretamente
un final favorable depende de varios factores. Uno de ellos y de gran importancia,
el hecho del contenido y objetivos de
las elecciones primarias en tanto que ejercicio ciudadano y la selección
de quien o quienes habrán de, no solo ganar las elecciones de diciembre de 2016
sino de cuál es el sentido y responsabilidad de sus compromisos ante la
sociedad, asociados estos a sus verdaderas capacidades para el ejercicio del
cargo al cual se postulan. La operatividad del proceso de elecciones primarias
persigue el establecimiento del más amplio consenso de respaldo a lo que ha de
ser la fórmula de la Mesa de la Unidad Democrática para nominar su candidato a
la gobernación del estado Bolívar y lo diputados que habrán de integrar el
parlamento regional, cuyos miembros también serán electos en esa oportunidad.
No se trata
de “un acto de desconfianza en los partidos … sino de un acto de confianza en
los ciudadanos”, “De los candidatos y partidos concurrentes cabe esperar
conciencia de la responsabilidad, lo cual se traduce en juego limpio, mutuo
respeto y un discurso constructivo, basado en un diagnóstico de la situación
actual y una propuesta para superarla… Pero en la hora decisiva, el éxito
depende de los ciudadanos.”[1]
Esto significa que, desde la perspectiva constitucional se ofrece la
posibilidad de que la población asuma su rol participativo y protagónico ante
un hecho de tan alta significación, como lo es la selección del abanderado a la
gobernación del estado Bolívar para el acto comicial de diciembre 2016, en el
que también habrán de ser elegidos los diputados al parlamento regional.
Otro de los
objetivos, es contribuir a la transformación del sistema político, lo que en
términos coloquiales pudieras señalar como la forma de concebir y hacer la
política venezolana en el siglo XXI y desde la acera del frente en contrario al
sectarismo, militarismo y vertientes totalitaristas que intentan suplantar el
modo democrático de vida y hacer político del país, una cuestión en la que, la
aparición de rostros diferentes a la tradición histórico partidista mediante la
aparición y oferta de oportunidades al liderazgo emergente, a lo largo y ancho
del estado Bolívar.
Más adelante
y ya en palabras del propio autor[2],
las primarias permiten “Valernos del procesos para cambiar radicalmente la
forma de hacer y entender la política … con la finalidad de no repetir el
triste espectáculo de ver como un país que pudo ser, se quedó en oferta,
proyección, visión caprichosa de inexpertos, obtusos y parceleros.”
Este
preámbulo, permite invocar las posibilidades ciertas de que los partidos
políticos y la denominada sociedad civil, logren alcanzar acuerdos de
gobernabilidad real en los que, la prevalencia de la gerencia política a la vez
gerencia eficaz, eficiente y productiva del sector público, concretamente en el
caso de gobernaciones y alcaldías, permitan la postulación de ilusiones y
capacidades “para la construcción del más importante proceso de transición”…
yendo más allá de nombres para “proponer ideas claras, concretas. Anunciar a
sus acompañantes, a su equipo multidisciplinario y declarar una férrea vocación
de pluralidad en la selección de hombres y mujeres que junto a ellos darán vida
a ese proyecto de reconstrucción nacional.”[3],
que en este caso concreto sería de
reconstrucción regional.
Primarias
y Reglamento
En la medida
que han evolucionado los procesos de elecciones primarias en al ámbito de la
MUD, el Reglamento Electoral que rige cada procesos ha ido perfeccionándose, de
tal manera que se genere la mayor cantidad de garantías posibles tanto para
postulados como para electores, en cuanto a transparencia e igualdad de
condiciones respecto a la participación. El Reglamento que ha regido para el
acto comicial de 2015 establece algunas premisas que no estuvieron planteadas
al principio, en el año 2012. Sin embargo cabe señalar que en el último, el
correspondiente a las primarias del año 2015, se mantienen algunos aspectos que
favorecen ciertos factores, particularmente los que disponen de respaldo
económico propio ante otros que, aun reuniendo los requisitos exigidos para
postularse o ser postulados y contando con cierto respaldo de la población
electoral, no pueden hacer uso de este derecho ante la MUD por cuanto no
disponen de los recursos económicos y financieros necesarios para ello, con lo
que se establecen ciertos tenores de discriminación, tal es el caso de los
recursos de esa naturaleza toda vez que el Reglamento, en el Capítulo I, DE LAS
DISPOSICIONES GENERALES, numeral 7, señala que: “Los candidatos postulados por partidos
políticos y los candidatos postulados por iniciativa propia contribuirán a
sufragar los costos de las elecciones.”
Salvo la
crítica anteriormente señalad, es un hecho interesante en cuanto al
establecimiento de la igualdad en cuanto a la participación de postulados en la
contienda, el que se exija como se establece en el Capitulo VI, DE LAS
POSTULACIONES, parágrafo único del Artículo 29 que: Parágrafo único: “No podrán
postularse como candidato principal o suplente, los alcaldes, concejales y
legisladores regionales o del Cabildo Metropolitano, que estén en ejercicio de
sus funciones.”. Esta cuestión ha de mantenerse respecto al caso, tipo y ámbito
de elección toda vez que de allí dimana la idea de igualdad en cuanto a la
línea de partida, que señala el comienzo de cada proceso primario ya que si esa
es una de las mayores criticas al gobierno actual y sus ventajismo electoral,
es condición que ha de prevalecer en al caso de la MUD y las primarias para
evitar las consecuencias de que algunos de los aspirantes detenten cargos en
ejercicio, lo cual afecta la credibilidad acerca de la alternabilidad
democrática, pilar fundamental del ejercicio ciudadano de la democracia ya que
cada funcionario electo lo es por un tiempo y período previamente determinado y
establecido en las leyes. Esto no debe
para nada impedir la posibilidad de que el interesado se postule sino que, ha
de exigírsele que en caso de aspirar a
competir en primarias para la nominación a cualquier cargo de elección
popular, lo menos que ha de hacer para competir con los otros u otras
postulados o postuladas en calidad de igualdad, es renunciar al cargo que
ejerce al cual ya no podría, obviamente retornar en caso de no alcanzar la
victoria aspirada. Es una buena manera de frenar el oportunismo y paracaidismo
que tanto daño ha hecho a la democracia venezolana como sistema político.
Una
consideración similar en tanto términos de prohibición, a de darse al hecho
nepotista que lleva a que figuras del mundo político que ejercen cargos en el
sector público, hagan postulación de familiares inmediatos para ocupar cargos
en lo que, al hacerlo, niegan igualmente las posibilidades de acceso
democrático y no por trastienda, de candidatos con derecho a participar en los
diferentes procesos electorales de naturaleza popular. En ese sentido una
condición necesaria es que, en lo sucesivo, todos los cargos, absolutamente
todos los cargos de elección popular, en el caso de la Mesa de Unidad
Democrática y obvio es, mientras se mantenga la Unidad, han de ser nominados al
proceso electoral que corresponda como una acción y resultados consecuentes a
procesos de elecciones primarias.
Como bien lo
señala Luis Salamanca[4],
a propósito de la reelección presidencial, pero extensible a todo procesos
electoral en la Venezuela de estos tiempos, “el ventajismo electoral en
Venezuela es complejo y… opera no solo material o financieramente, sino
institucionalmente.” Cuestión esta que afecta el sistema electoral y las
campañas electorales ya que “La democracia no es votar, sino votar con
garantías… Un sistema no es democrático por el solo hecho de que la gente vote.
Lo es porque la ciudadanía vota rodeada de un conjunto de garantías
constitucionales, legales y reglamentarias que hacen del voto un acto
democrático.”. Esto ha de ser de esa manera por cuanto “El ventajismo electoral
en Venezuela va mucho más allá del simple aprovechamiento de los recursos del
Estado para favorecer a un candidato determinado en unas elecciones… de suerte
tal que el ventajismo electoral puede quedar definido “como la creación de
condiciones favorables para el desempeño del candidato…” cuales quiera que
ellas sean, saltándose las normas que intentan generar la igualdad en el punto
de partida de la oferta de aspiraciones al poder político en el ejercicio de
una auténtica democracia. Estamos obligados, en el camino hacia el
fortalecimiento y relegitimación del democracia, a ser drásticos en estas
cuestiones para evitar que en materia de ventajismo electoral, la
competitividad electoral que de de lado ante apetencias que no hay razones para
dudar, puedan ser inmiscuidas en nuestros procesos electorales de primarias,
los cuales estamos obligados a fortalecer para luego hacerlo con el Consejo
Nacional Electoral si es que finalmente deseamos que los procesos electorales
venezolanos sean actos de conciencia cívica en manos exclusivas de ciudadanos
probos, capaces de poner los intereses del país por encima de cualquier otra
aspiración personal, grupal o partidista.
Los
candidatos
Consecuentes
con los principios y postulados establecidos en la Constitución de la República
y las leyes que rigen la materia, todo venezolano en condiciones de ser
elegible para un determinado cargo, tiene y está en pleno derecho de ser
postulado, bien sea por iniciativa propia, grupos de electores o partidos
políticos, e incluso por la sociedad civil. Ahora bien, los resultados electorales del
pasado 6 de diciembre han de ser comprendidos e interpretados por la oposición
venezolana de una manera clara y determinante a los fines de establecer los
perfiles más convenientes a los momentos electorales que están por venir en los
2016 (Gobernadores de estado y diputados a las Asambleas); 2017 (Alcaldes y
concejales) y 2019 (Presidente de la República), habida cuenta de que
nuevamente en 2020 el país habrá de elegir diputados a la Asamblea Nacional, a
menos que se produzcan modificaciones legales por parte de la nueva Asamblea
Nacional y se afecten estos lapsos o, que la dinámica política en general
implique la ocurrencia de imprevistos que conlleven a la alteración de los
mismos.
Este
cronograma electoral es puesto en perspectiva para un análisis prospectivo
necesariamente implícito en la recuperación, cambio y transformación del
sistema democrático actual o lo que queda de él en la realidad de estos tiempos
que transcurren, para avanzar al establecimiento de un sistema democrático y
auténticamente ciudadano, donde el interés nacional se ubique por encima de
todo interés particular, grupal o político que ha de quedar sujeto a las
esferas individuales en contraposición al interés general de la población que
ha de tener acceso a una vida de calidad donde la vida, la libertad y el libre
albedrio sean las bases sobre las cuales se perfile una nueva realidad
democrática a partir de ahora.
Por ello no
solo es necesario dar satisfacción a la legitimidad de origen que se procura en
las urnas electorales en primarias como parte del ejercicio de la participación
y protagonismo de la población sino, posteriormente en los comicios que corresponda,
en el ejercicio ciudadano de sus derechos al amparo del imperio de la ley en un
verdadero Estado de Derecho. Por ello, la legitimidad de desempeño es un
complemento imprescindible en la dirección de los cambios que reclama el país, en un país que
dice “Venezuela quiere cambio: Unidad”, y
los cambios comienzan por casa.
En
consecuencia, si bien todos somos iguales ante la ley y todos los ciudadanos en
condiciones de elegibilidad tienen derecho a postularse y ser electos para los
cargos que de manera personal consideren, no lo es menos el hecho de que la
UNIDAD, que ha de ser una UNIDAD SUPERIOR basada en libre albedrio pero sujeta
al Estado de Derecho debe exigir de los aspirantes a cualquier cargo público de
elección popular, en principio, y posteriormente habrán de incluirse los de
libre nombramiento y remoción y así sucesivamente, repetimos cualquier cargo
público de elección popular, un comportamiento ciudadano que si no auténticamente perfecto, al menos una hoja
de vida que descubra y sea fiel reflejo del perfil de cada individuo postulante
por cuanto una república de ciudadanos no será posible alcanzar bajo la
dirección de habitantes cuya probidad ética y desempeño moral no esté acorde
con las necesidades de cambio y transformación del ejercicio político y la vida
en democracia.
Valga
señalar que no es ni nunca será lo mismo, un ciudadano que aun en la pobreza ha
sido capaz de ejercer sus derechos y cumplir los deberes ciudadanos que un filántropo
de la política cuya riqueza proviene de la estafa al Estado a través de la evasión
y trampas a las leyes ó de la especulación, el daño a los menos favorecidos y
la comunidad en general. Mejorar el desempeño de gestión política en el manejo
de lo público, exige desempeño probo en el ejercicio de la ciudadanía. Esa ha
de ser una premisa para la selección de candidatos que, obvio, también habrá de
ser objeto de consideración en contexto de las necesidades políticas del
momento sin perder de vista que el fin último es la construcción de democracia
auténtica y verdadera dentro de un orden moral que permita la libre disposición
de una ciudadanía sin mácula.
Es más, en
el caso de postulantes que se encuentren activos en el ejercicio de un
determinado cargo, o de aquellos quienes hubieron desempeñado alguno al amparo
de su participación como integrantes de la Mesa de Unidad Democrática al
momento de su postulación, han de presentar constancia de haber cumplido con al
menos el setenta y cinco por ciento del contenido programático y otras normas
de desempeño en el ejercicio del cargo, que aceptaron cumplir ante la MUD
durante el tiempo en que ejercieron los mismos. Hay que dejar sentado que quien
es electo para un determinado cargo, ha de dar cumplimiento al lapso para el
cual fuera electo en el mismo como condición necesaria pero no suficiente, para
dar curso a la postulación que se demanda al momento de aspirar a competir por
la nominación. Igualdad ante la norma y alternabilidad son principios de la
democracia que han de ser ejercidos en la práctica para reflotar el sistema
político venezolano y liberarlo de oportunistas y mercenarios de la política.
Se trata de dar curso definitivo al cambio y transformación del ejercicio de la
política respetando lo político en la genuina expresión del respeto al poder
originario que descansa en el ciudadano y que como tal, exige y ha de
brindársele respeto. Acabar con la rebatiña política implica ampliar la unidad,
avanzar hacia una UNIDAD SUPERIOR obliga a ceder espacios a la participación de
la ciudadanía a través de la sociedad civil organizada. Trabajemos para
lograrlo. Lo peor que nos puede ocurrir como colectivo social es no tener
sueños y esperanzas, por tanto construyamos una nueva utopía política.
[1] AVELEDO
RAMÓN Guillermo (2011) como prologuista de la obra escrita por YÁNEZ MONDRAGÓN Alfredo
(2011). Primarias. Un ejercicio ciudadano.
Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Caracas. (pp. 8 y 9)
[2]YÁNEZ MONDRAGÓN Alfredo
(2011). Primarias. Un ejercicio ciudadano.
Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Caracas. (p. 11)
[3] Ibid (p. 24)
[4] SALAMANCA Luis (2014). Venezuela el ventajismo electoral
institucionalizado. En ALFARO PAREJA Francisco y VANOLLI Héctor / Editores
(2014).
Campañas Electorales. Ventajismo y reelección presidencial en América
Latina (pp.155 – 176). Colección Trópicos. Alfa. Caracas.
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