Me
dispongo a escribir cuando apenas he regresado de la Asamblea de Profesores que
se realizara la casa del Profesor Universitario, sede de la Asociación de
Profesores de la Universidad de Oriente en el Núcleo Bolívar (APUDO Bolívar),
en Ciudad Bolívar. Asamblea convocada para definir la posición profesoral ante
la propuesta de Paro Nacional Indefinido que ha planteado la Federación de
Asociaciones de Profesores (FAPUV) a nivel nacional, el cual tiene pautada como
fecha de inicio el jueves 23 de mayo.
Debo
apuntar en primer lugar que, para un docente jubilado no es fácil participar de
una decisión que afecta el funcionamiento “normal” de la Universidad, estando
fuera de ella en términos de operatividad real aunque en compromiso permanente
con la defensa de la universidad pública y autónoma venezolana, más aún cuando
se trata de una discusión que se quiere hacer ver, como en otras tantas
ocasiones, deslindada del acontecer político nacional. Es precisamente hacia
ese punto, donde oriento mi posición en este momento.
En
primer lugar, quienes nos dedicamos a la actividad docente en la universidad
autónoma, estamos padeciendo los rigores de unos salarios de “hambre” con los
cuales a muy duras penas puede subsistir hoy un profesor universitario. El
soporte de la actividad docente, si un profesor desea estar al día y mantenerse
informado del acontecer reciente en su disciplina en primer lugar, y luego en
el acontecer general del conocimiento, piedra angular de nuestro trabajo, exige
la adquisición de textos de diferente orden y naturaleza así como el acceso a
las modernas tecnologías de la información. Ello implica erogaciones que
resultan inaplicables si consideramos el costo actual de dichos insumos. Por
poner un ejemplo, un texto puede tener por estos días, como me sucedió ayer, un
precio de Bsf. 420,00. Quise adquirir tres: El texto en cuestión, de historia contemporánea,
una novela y un ensayo; la suma remontaba el millón de bolívares en la antigua
denominación, mil bolívares “¿fuertes?” de hoy.
De
lo anterior surge una primera acotación, se devalúa la calidad de la educación al disminuir el
acceso de los docentes al conocimiento, por ende también la capacidad y
potencial que pudiera existir en el país para la generación de nuevo conocimiento.
Obvio que, sin entrar en cuanta de las necesidades que para acceder a él y
trabajarlo en paz están señalados como requerimientos del aprendizaje y la
transmisión de la información a los alumnos, lo cual exige tranquilidad de espíritu
que, si piensa en cómo rendir el salario con un inflación que en apenas cuatro
meses del año ya se ubica por encima del 12,00 %, no es dable alcanzar. Una
cuestión que afecta fundamentalmente a los docentes que se ubican en los
escalafones inmediatos a su ingreso en la carrera profesoral, esto es,
instructores, asistentes y agregados si bien asociados y titulares no están
como para cantar loas al viento, aunque por el conocimiento acumulado y su
dedicación a otras actividades, bien pueden defenderse y capear el temporal,
siendo docentes de postgrado y prestando los servicios profesionales que
derivan de su experiencia. No hay formas lógicas, ni maneras justas, para rebatir
la argumentación que en lo exclusivamente pecuniario ha llevado al planteamiento
de posiciones extremas por parte de la academia.
La
otra cuestión tiene que ver, en un país
altamente polarizado en lo político y dividido en lo económico y social, con un
proceso de transculturización que en términos del cambio de principios y valores pretende imponerse sin
que se haya logrado aún y por el contrario, parece que la sociedad venezolana
ha entrado en una situación de irreversibilidad con respecto a ello en cuanto
no admitir posturas diferentes al ideal democrático, liberal y civil como
contexto para el avance, desarrollo y progreso de la nación. Repito, en un
contexto polarizado como el actual, entonces nadie se atreve o quiere asumir
que detrás de todo esto privan razones de naturaleza y orden ideológico, político
partidista y grupales.
La
situación que viven las universidades oficiales y particularmente las
autónomas, tiene el trasfondo de imponerle controles desde la periferia de su
actividad. Controles que tienen como único objetivo, poner las seis
universidades autónomas al servicio del “proceso revolucionario”. Una de las
razones que dan lugar, entre otras muchas, al deseo de establecer controles
sobre este sector universitario pudiera derivar del hecho que, en la más
reciente publicación del Posicionamiento Global de las Universidades, el cual
abarca un universo de unas treinta mil instituciones de Educación Superior en
el mundo, las seis universidades autónomas venezolanas se registran entre las
siete mejor posicionadas en lo que refiere a la ubicación continua en el caso
de las instituciones de educación Superior a nivel interno, esto es, en el
país. El gobierno, que no el Estado, se llenaría la boca señalando que a la par
de la masificación transformadora de la pirámide en una cubeta, intentada hasta
ahora en relación con el acceso al tercer nivel educativo, pudiera ondear las
banderas de la calidad. Una calidad de la que adolecen la mayor parte de las
instituciones oficiales de Educación Superior, ubicadas más allá de la posición
un mil quinientos, con una alta diferencia de grados y puestos entre estas y
aquellas. Sin lugar a dudas, ese es un objetivo político del gobierno.
Por
tanto, la universidad pública, autónoma y democrática, en este caso, la
dirigencia gremial de los docentes y otros gremios, no debe sentir temor a
plantear abiertamente que en el fondo, no solo se trata de reclamos laborales
que en justicia corresponden a profesores, investigadores, personal
administrativo y obrero de las universidades, también en el caso de los
estudiantes a través de becas y ayudantías, sino de un conflicto político sobre
la base del interés que representa para el gobierno, hacerse con el control
interno de estas seis universidades: Las más emblemáticas e importantes del país,
desde cualquiera sea el punto de vista que sobre esa comparación pueda
establecerse. Ni la Universidad Bolivariana de Venezuela, ni la UNEFA, incluso
juntas, calzan los puntajes de la geopolítica que corresponde a la academia universitaria
pública, democrática y autónoma nacional. Esa es tal vez la reivindicación de
mayor monta en este conflicto. En su defensa, alcemos nuestras banderas.
