Actuando
fuera del ámbito constitucional en cuanto origen y desempeño, el Ejecutivo, a
través de una “Asamblea Nacional Constituyente” totalmente irrita y espuria,
razón por la cual en todas las negociaciones políticas posteriores a julio 2017
presenta como una de sus condiciones el que la misma sea reconocida
institucionalmente tanto a lo interno como internacionalmente mientras intentan
negar derechos y competencias constitucionalmente establecidas a la auténtica y
legitima Asamblea Nacional, decidieron el adelanto de las elecciones
presidenciales pautadas en la Constitución para el mes de diciembre de 2018.
Argumenta una de rectoras del Consejo Nacional Electoral, que la razón para tal
adelanto tiene sus fundamentos en el “cerco” y la “guerra” del imperialismo
norteamericano contra nuestro país, cuestión incierta por cuanto el peso
condicionante de las medidas va contra altos funcionarios gubernamentales que
se han enriquecido sobre la base de la corrupción, impunidad y violación de los
derechos humanos.
Así las
cosas, pretenden que se legitime una situación en la que, el nuevo presidente
electo entraría en funciones para el período de gestión gubernamental 2019 –
2025, en enero de 2021 por lo que, su elección se mantendría en el congelador
por al menos nueva meses, esto es, una elección gestáltica de gestación,
maduración del feto y alumbramiento, quien sabe si inspirados en una de esas
misiones que premia la irresponsabilidad y castiga el bien actuar como parte de
la subversión de valores que se hace necesaria para dar viabilidad
sociocultural a un proyecto político palpablemente fracasado en todas las
coordenadas geográfico territoriales e históricas en las que desde el siglo
XVIII, se ha pretendido establecer. Todo un exabrupto de marca mayor que
terminaría de echar por tierra la actual Constitución sin que la supuestamente
“nueva” haya a esta fecha y luego de un semestre de funcionamiento, arrojado
luces de cual pudiera ser el contenido de la misma toda vez que se ha dedicado
a usurpar la potestad legislativa de la Asamblea Nacional en beneficio del
“régimen usurpador” que hoy se encuentra bajo órdenes del “ciudadano”
convertido en “Usurpador mayor”.
Ahora bien,
mucha gente se pregunta ¿Y sí la tal ANC es ilegitima a la luz de
toda consideración originaria y jurídica, cómo es que la oposición acudió a las
convocatorias electorales regionales y municipales realizadas en octubre y
diciembre de 2017? Es evidente
que, al menos la población electoral de oposición, espera una explicación que
satisfaga esta cuestión como paso preliminar para iniciar el rescate del voto y
la credibilidad que el mismo nos otorga, en cuanto instrumento de participación
política donde la “Soberanía y voluntad popular” determinan el curso de acción
política que deriva de los resultados alcanzados en cada proceso electoral.
En primer
lugar habría de señalar desde mi exclusiva posición personal que, las
elecciones regionales se encontraban vencidas. El CNE, el mismo que señalo no
había tiempo ni condiciones para realizar el Referéndum Revocatorio del mandato
presidencial, decidió algunos meses después, convocar el procesos de elecciones
regionales en ausencia de condiciones por cuanto en el mismo no fueron convocadas las elecciones
a los consejos legislativos regionales tal y como está establecido, de manera
simultánea con la elección de gobernadores. La oposición, habiendo definido una
estrategia política que de manera permanente anunciaba que la única salida y
superación de la coyuntura política iba de mano de un proceso constitucional,
democrático, pacifico y electoral, honraba su palabra y su empeño en ese camino
al acudir y hacer valer la misma una vez estas fueron convocadas por el CNE.
Obvio, con todas las limitaciones y consideraciones del caso toda vez que,
actuando más como oficina electoral del ejecutivo que como organismo autónomo
del poder público, había allanado la senda para que el gobierno acudiera “victorioso”
a esa cita, en medio de la desventaja que le significa tener a más del ochenta
por ciento de la población en contra. Así de sencillo.
¿Sirvió de
algo esa participación?. Pues sí, sirvió más que de algo, sirvió de mucho. En
el ínterin de la negativa a del CNE a dar luces a una salida electoral
trasparente para la superación de la cada vez más aguda crisis política,
institucional, económica y sociocultural del país, tal vez la de mayor monta en
toda la historia republicana, se comenzaron a producir sanciones a personeros
del gobierno y al propio Estado Venezolano en cuanto a sus posibilidades de financiamiento,
toda vez que se ha puesto en evidencia que el gobierno de la “usurpación”
nacional obtiene ingentes cantidades de recursos sin que este clara su
procedencia. Si bien las medidas han
comprometido aun más, la funcionalidad del gobierno, pareciera que este no
asimila la situación y arrecia acciones en el camino hacia el establecimiento
de los principios ¿sociocomunistas? A la sociedad venezolana. Pone en tela de
juicio la supuesta y para nada creíble, imparcialidad del órgano electoral por
cuanto en el caso concreto del estado Bolívar y disponiéndose por primara vez
de la información pertinente y contundentemente cierta, se alteran los
resultados y se proclama y juramente al candidato del oficialismo regimental
que había sido derrotado. He allí una mácula que va más allá de las condiciones
preelectorales y del acto comicial. Se trata de la manipulación y alteración
del resultado que en legítima y limpia lid había otorgado la gobernación del
estado Bolívar al candidato opositor. ¿Entonces, de que estamos hablando?
En cuanto a
la elección de alcaldes también ocurrieron violaciones jurídicas y políticas en
el proceso. Si bien se realizaron en la fecha constitucionalmente pautada, no
se planteó la escogencia de los concejales amén del oprobioso ventajismo
manipulador del hambre del pueblo
mediante el establecimiento de una relación del tipo te doy acceso a los alimentos
si respaldas y votas por los que te propongo, eso implica que, antes de votar
has de presentarte ante el punto rojo para hacer valer tu código del “carnet de
la patria” y tener derecho al beneficio alimentario y los bonos del hambre hiperinflacionaria.
Ventajismo descarado que ni aun así permite explicación de los resultados, aunque
algunos analistas los atribuyen al éxodo poblacional que ha terminado pr
afectar a la oposición. Una cuestión muy dura de potabilizar por cuanto el ochenta
a noventa por ciento de la población electoral señala que la situación es
insostenible y más del setenta y cinco por ciento plantean que solo es posible
resolverla con la salida del “Usurpador Mayor” y su círculo de adláteres “enchufados”.
Ante ese
cuadro, resulta muy difícil que ocurra un evento electoral libre,
verdaderamente democrático y equilibrado. En consecuencia, la oposición ha
sostenido y mantiene que, sin condiciones, no acudirá al “matadero” del fraude
electoral para legitimar el actual estado de cosas que se vive en el país. La
oposición mayoritaria, la que primero se identifico en la Coordinadora democrática y posteriormente en la Mesa de la Unidad Democrática; la misma
que dejo sentada y establecida de manera clara y contundente la posición de más
de ocho millones de electores venezolanos en el Plebiscito organizado por la Sociedad
Civil el 16 de julio de 2017, dicen hoy que las condiciones no están dadas y
ante esa situación no acudirán a votar como bien lo reflejan mayoritariamente
las encuestas serias e independientes del país. Sin condiciones no hay presencia
de electores para votar y disponer del mínimo y necesario estado de cosas que
garantice el derecho a elegir. Los partidos la tienen hoy muy difícil.
Pareciera que el silencio de los partidos políticos y su dirigencia comporta
una señal de alumbramiento para la Sociedad Civil, la candidatura de oposición
se perdió en los cogollos. ¿Acaso habrá llegado el momento de la Sociedad
Civil?. Estamos más cerca de un desenlace, la Sociedad civil tiene la palabra.
