El país vive
una situación de “ruptura del hilo constitucional”, iniciada de manera flagrante, con las sentencias 155 del 27 de
marzo 2017 y 156 del 29 de marzo 2017 del Tribunal Supremo de Justicia cuya
instrumentación ha pretendido desconocer la legitimidad, competencias y
autoridad de la Asamblea Nacional, mayoritariamente electa por el voto popular
en diciembre de 2015 e instalada funcionalmente en enero de 2016. Ello, aunado
a toda una serie de violaciones legales y hechos sucedidos incluso desde el
mismo momento en que el ciudadano Hugo Chávez fuera juramentado como presidente
de la República el 2 de febrero de 1999, han terminado por configurar un “golpe
de estado continuado”, al que el actual gobierno en situación de “usurpación”
desde el 9 de enero de 2017 pretende dar el zarpazo final para su concreción
definitiva, mediante la fraudulenta convocatoria a elecciones presidenciales
adelantadas en un escenario institucional plagado de violaciones a la
Constitución y, de todo tipo de yerros jurídicos, vicios, ventajas y trampas
que le garanticen una “victoria” electoral,
independientemente del resultado que mediante el libre ejercicio de la
soberanía popular a través del sufragio pudiera corresponder al mismo.
Con el
objetivo de alcanzar algún grado aceptable de legitimación en sus nuevos
orígenes, dado que el anterior, y quién sabe si algunos otros, han terminado por dejar muchas dudas una vez
que la empresa encargada de los dispositivos electrónicos afirmara que en los
procesos electorales realizados hasta ahora bajo el ámbito de la “revolución”,
bien podían haber sido manipulados los resultados electorales torciendo de
manera fraudulenta la voluntad popular, el gobierno busca desesperadamente un
adversario representativo de la oposición que al participar en su farsa
electoral, le permita exhibir el proceso electoral ante la comunidad
internacional, a los efectos de alcanzar el neo - reconocimiento que hoy le es
negado y superar las sanciones que le han sido aplicadas, dada su condición ya
no solo de estado fallido, sino más allá, de gobierno forajido.
A los efectos
de manejar el proceso electoral a su libre albedrio, fuera de toda atención y
respeto de la Constitución y leyes electorales, la vocación totalitaria del régimen “usurpador” a la vez que incitar
tentaciones individuales en el seno de la oposición democrática, hace uso, una vez más, de una “irrita”
Asamblea Nacional Constituyente y de su brazo electoral, el Consejo Nacional
Electoral, ya en situación nominal de flagrancia por parte de rectores que
siguen formando parte de él con plazo vencido, para manipular lapsos y fechas
modificando en primer lugar y sin justificación válida un adelanto de las
mismas que pondría al país en la situación posible de disponer un presidente
electo que no podría tomar posesión sino hasta nueve meses después de realizado
el evento electoral, que ahora, mediante nuevas violaciones jurídicas y
políticas, ha fijado para el 20 de mayo próximo sin que se hayan resuelto las
condiciones exigidas por la oposición democrática en representación de las
verdaderas mayorías del pueblo electoral que claman no solo por votar, sino lo
más trascendente, por elegir.
Ahora bien,
más allá de lo exclusivamente electoral, la democracia y el escenario de
libertades que en su seno se plantea, no se corresponde exclusivamente con el
acto de sufragar. No se trata solo de la legitimidad de origen. Se trata
también de la libertad de desempeño. La sola consideración de algunas
cuestiones puntuales, hacen ver a cualquier lerdo en materia política y
electoral, que algo oscuro hay detrás de este proceso electoral. En el caso del
estado Bolívar, ya el CNE se puso en evidencia al desconocer el resultado
electoral del pasado 15 de octubre, manipulando y modificando resultados para
dar por ganador a quien había sido limpiamente vencido. El deterioro progresivo
de la calidad de vida en cuanto
abastecimiento alimentario de la población y acceso al medicamente es más que
evidente. La morbimortalidad infantil en las áreas hospitalarias públicas va en
aumento. La incidencia medida a través de indicadores correspondientes en
cuanto a número de fallecidos en accidentes de tránsito unos, y, como
consecuencia de la inseguridad general que habita en el país, otros, aunados al
éxodo demográfico, mayoritariamente de jóvenes que no ven futuro para sus
sueños en el país, no es cuestión que mueva a baile y celebración.
Hoy no solo
migra gente de la oposición, muchos de quienes hasta ahora habían apoyado el
régimen, toman sus familias y se van a
buscar destinos mejores en otras latitudes, La carestía de la vida, la escasez
de alimentos y medicamentos, la corrupción que ha permeado todos los estratos y
sectores particularmente los que poseyendo bajo resguardo las armas de la
República, utilizan la fuerza y el amedrentamiento de las mismas para cometer
cualquier clase de fechorías ante la certeza de que la serán cobijados por las
sombras de la impunidad, la falta de transporte público, las acentuadas
desmejoras de los servicios públicos fundamentales y un sinfín de anomalías,
hablan de un gobierno que ha perdido toda garantía de gobernabilidad por lo que
el descontento general que recogen actualmente los estudios de opinión pública,
al igual que en transcurso de los últimos cuatro años, señalan que más del ochenta y nueve por
ciento de la población considera que la situación general del país es mala
mientras el setenta y cinco por ciento apuesta y exige la salida del actual
régimen. Entonces, en medio de ese escenario, ¿Cómo puede este régimen obtener
victoria alguna, que no sea por vías poco claras y opalescentes?
De allí que,
ante este cuadro que de alguna manera revela la situación – país considero que
no hay otra salida que hacer efectivo lo que ya hace más de un año fue decidido
y los tiempos posteriores han confirmado en el último aumento de sueldo en
medio de un clima económico hiperinflacionario, materializar la decisión de
la Asamblea Nacional en cuanto al
abandono de cargo por parte del ciudadano Nicolás Maduro, con auxilio de los
órganos del poder público llamados ser garantes de la Constitución de la
República. La burla expresada en documento suscrito entre el gobierno y actores
políticos de su periferia para llevar adelante el proceso electoral, ahora
ampliado instancias legislativas en lo regional y municipal, no puede ni debe
ser aceptado por la población.
1) Rechazan y desconocen a la irrita Asamblea Nacional Constituyente;
2) Demandan de la Fuerza Armada Nacional, instituciones y funcionarios, la obediencia debida y defensa de la Constitución vigente, con pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional instalada en enero de 2016 y
3) Exigen la renovación de los poderes públicos con base en lo establecido en la Constitución y leyes de la República e incluso, la conformación e instalación de un Gobierno de Unión Nacional cuyo objetivo inmediato ha de ser la restitución del Orden Constitucional y dar cumplimiento a las solicitudes que ha hecho la oposición democrática venezolana al exigir la apertura de una canal humanitario, la liberación de los presos políticos y la revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y lideres de oposición.
Ciudad
Bolívar, marzo 2 de 2018
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