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Farmacéutico. Profesor Titular en la UDO. Consultor y Asesor de Empresas en el sector privado; organizaciones gubernamentales en el sector público y persinas naturales. Estudios de especialidad, maestria y doctorado. Gerencia de ciencia y tecnología; planificacion financiera; planificación de la educación superior; gerencia de organizaciones; gerencia política y gobernabilidad. Pensamiento complejo. Historia de Venezuela. Docente investigador de Postgrado. Coach con Certificación Internacional de CIC. Locutor certificado por la UCV.

viernes, 10 de mayo de 2013

Universidades Oficiales: Paro Nacional Indefinido



Me dispongo a escribir cuando apenas he regresado de la Asamblea de Profesores que se realizara la casa del Profesor Universitario, sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente en el Núcleo Bolívar (APUDO Bolívar), en Ciudad Bolívar. Asamblea convocada para definir la posición profesoral ante la propuesta de Paro Nacional Indefinido que ha planteado la Federación de Asociaciones de Profesores (FAPUV) a nivel nacional, el cual tiene pautada como fecha de inicio el jueves 23 de mayo.
 
Debo apuntar en primer lugar que, para un docente jubilado no es fácil participar de una decisión que afecta el funcionamiento “normal” de la Universidad, estando fuera de ella en términos de operatividad real aunque en compromiso permanente con la defensa de la universidad pública y autónoma venezolana, más aún cuando se trata de una discusión que se quiere hacer ver, como en otras tantas ocasiones, deslindada del acontecer político nacional. Es precisamente hacia ese punto, donde oriento mi posición en este momento.

En primer lugar, quienes nos dedicamos a la actividad docente en la universidad autónoma, estamos padeciendo los rigores de unos salarios de “hambre” con los cuales a muy duras penas puede subsistir hoy un profesor universitario. El soporte de la actividad docente, si un profesor desea estar al día y mantenerse informado del acontecer reciente en su disciplina en primer lugar, y luego en el acontecer general del conocimiento, piedra angular de nuestro trabajo, exige la adquisición de textos de diferente orden y naturaleza así como el acceso a las modernas tecnologías de la información. Ello implica erogaciones que resultan inaplicables si consideramos el costo actual de dichos insumos. Por poner un ejemplo, un texto puede tener por estos días, como me sucedió ayer, un precio de Bsf. 420,00. Quise adquirir tres: El texto en cuestión, de historia contemporánea, una novela y un ensayo; la suma remontaba el millón de bolívares en la antigua denominación, mil bolívares “¿fuertes?” de hoy.

De lo anterior surge una primera acotación, se devalúa la  calidad de la educación al disminuir el acceso de los docentes al conocimiento, por ende también la capacidad y potencial que pudiera existir en el país para la generación de nuevo conocimiento. Obvio que, sin entrar en cuanta de las necesidades que para acceder a él y trabajarlo en paz están señalados como requerimientos del aprendizaje y la transmisión de la información a los alumnos, lo cual exige tranquilidad de espíritu que, si piensa en cómo rendir el salario con un inflación que en apenas cuatro meses del año ya se ubica por encima del 12,00 %, no es dable alcanzar. Una cuestión que afecta fundamentalmente a los docentes que se ubican en los escalafones inmediatos a su ingreso en la carrera profesoral, esto es, instructores, asistentes y agregados si bien asociados y titulares no están como para cantar loas al viento, aunque por el conocimiento acumulado y su dedicación a otras actividades, bien pueden defenderse y capear el temporal, siendo docentes de postgrado y prestando los servicios profesionales que derivan de su experiencia. No hay formas lógicas, ni maneras justas, para rebatir la argumentación que en lo exclusivamente pecuniario ha llevado al planteamiento de posiciones extremas por parte de la academia.

La otra cuestión tiene que  ver, en un país altamente polarizado en lo político y dividido en lo económico y social, con un proceso de transculturización que en términos del cambio de  principios y valores pretende imponerse sin que se haya logrado aún y por el contrario, parece que la sociedad venezolana ha entrado en una situación de irreversibilidad con respecto a ello en cuanto no admitir posturas diferentes al ideal democrático, liberal y civil como contexto para el avance, desarrollo y progreso de la nación. Repito, en un contexto polarizado como el actual, entonces nadie se atreve o quiere asumir que detrás de todo esto privan razones de naturaleza y orden ideológico, político partidista y grupales.
 
La situación que viven las universidades oficiales y particularmente las autónomas, tiene el trasfondo de imponerle controles desde la periferia de su actividad. Controles que tienen como único objetivo, poner las seis universidades autónomas al servicio del “proceso revolucionario”. Una de las razones que dan lugar, entre otras muchas, al deseo de establecer controles sobre este sector universitario pudiera derivar del hecho que, en la más reciente publicación del Posicionamiento Global de las Universidades, el cual abarca un universo de unas treinta mil instituciones de Educación Superior en el mundo, las seis universidades autónomas venezolanas se registran entre las siete mejor posicionadas en lo que refiere a la ubicación continua en el caso de las instituciones de educación Superior a nivel interno, esto es, en el país. El gobierno, que no el Estado, se llenaría la boca señalando que a la par de la masificación transformadora de la pirámide en una cubeta, intentada hasta ahora en relación con el acceso al tercer nivel educativo, pudiera ondear las banderas de la calidad. Una calidad de la que adolecen la mayor parte de las instituciones oficiales de Educación Superior, ubicadas más allá de la posición un mil quinientos, con una alta diferencia de grados y puestos entre estas y aquellas. Sin lugar a dudas, ese es un objetivo político  del gobierno.

Por tanto, la universidad pública, autónoma y democrática, en este caso, la dirigencia gremial de los docentes y otros gremios, no debe sentir temor a plantear abiertamente que en el fondo, no solo se trata de reclamos laborales que en justicia corresponden a profesores, investigadores, personal administrativo y obrero de las universidades, también en el caso de los estudiantes a través de becas y ayudantías, sino de un conflicto político sobre la base del interés que representa para el gobierno, hacerse con el control interno de estas seis universidades: Las más emblemáticas e importantes del país, desde cualquiera sea el punto de vista que sobre esa comparación pueda establecerse. Ni la Universidad Bolivariana de Venezuela, ni la UNEFA, incluso juntas, calzan los puntajes de la geopolítica que corresponde a la academia universitaria pública, democrática y autónoma nacional. Esa es tal vez la reivindicación de mayor monta en este conflicto. En su defensa, alcemos nuestras  banderas.

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