Asamblea Nacional en 5 de enero: Valor conceptual de palabras y frases

Característica diferencial del humano para con el resto del mundo animal al que natural y biológicamente pertenece, radica en el lenguaje: Sistema de símbolos y códigos que, sujetos a la yuxtaposición de su construcción  gramatical y semántica expresan un significado que media entre el emisor y el receptor del mensaje transmitido a través de la palabra escrita o dicha. Es el idioma, su uso y lo que deseamos establecer en el imaginativo de quienes reciben el mensaje. En política y en estos tiempos, incluso y de manera mucho más concreta, en estos días, es una cuestión fundamental que he de ser preservada en la construcción y estructura, si se quiere dejar claramente y sin cortapisas la intencionalidad de los hechos que se describen y las ideas que han de ponerse en práctica. Discúlpeseme esta entreverada introducción pero no escribo para legos y si, para la gente avezada que se atreve a leerme.

Arrimo mi credibilidad y pongo mis esperanzas de cambio y transformación de la realidad venezolana actual  en las ejecutorias que ha de adelantar el joven ingeniero Juan Guaidó, juramentado hace algunas horas como Presidente de la Asamblea nacional para el período enero 2019 – enero 2020. Saludo su gestos y el acto lleno de simbolismo implícito en el hacer presencia en esta fecha al lado de su familia, particularmente de su hija, apenas un bebe. Treinta y cinco años es la edad de este ucabista, lo que equivale a decir, un joven que en sus procesos de entrenamiento académico profesional ha bebido las aguas de la formación jesuita en la Universidad Católica Andrés Bello, su Alma Mater. Eso, en el contexto de los acontecimientos y la dinámica que de distinto orden vive el país, es decir mucho y bastante. Con quince años de edad hubo de vivir en su lar nativo, el deslave y la tragedia de Vargas en 1999. Son hechos que, a buen entendedor, pocas palabras. 

Ahora bien, si algo caracteriza a la democracia es la crítica constructiva y, en ese ánimo de aporte más que de crítica per se, con la intención de aclarar antes que obscurecer, hago el siguiente planteamiento a partir de los titulares de prensa desde donde lo gnoseológico de su contenido, puede aportar en favor o en contra de los objetivos que el propio Guaidó ha dejado implícitamente establecidos para los próximos días. Sin embargo, si como afirma el joven diputado, “A partir del 10 de enero la Asamblea Nacional asumirá la representación del pueblo” estamos ante un desaguisado político que hemos de revisar. La Asamblea Nacional ES la legítima representación del pueblo que el 6 de diciembre de 2015 eligió a los diputados que le representan en ella, punto de partida del entramado que conforma y articula el Poder Legislativo en cuanto a la organización del Poder Público Nacional. 

La Asamblea Nacional actual es la única instancia de ese poder que a esta fecha tiene plena vigencia y legitimidad en cuanto origen y desempeño pese a las trabas y subterfugios que, de todo tipo, han pretendido hacer valer otras instancias de dicho Poder Público en franca y abierta situación de usurpación constitucional y funcional, tal es el caso del Ejecutivo Nacional, El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, borremos esas frases de nuestras mentes y del mensaje hacia la población en general. Reitero, la Asamblea Nacional actual es y ejerce la representación popular.

La otra cuestión que en términos de lenguaje ha de ser manejada como expresión de la narrativa democrática del país queda referida a que “promete restablecer el Estado de derecho ante una dictadura opresora y miserable”. Cierto, es el estado de derecho ha sido vulnerado en Venezuela, no existe y estamos en presencia de la “usurpación” constitucional y funcional, si no en términos de origen en cuanto a lo cual hay dudas y muchas, si de manera evidente en relación con el desempeño de esas mismas instancias que acabamos de señalar. El Ejecutivo, cuya legitimidad de desempeño ha sido declarada en primer lugar por la propia Asamblea Nacional en decisión de enero de 2017 y posteriormente y de manera concreta en la persona del “usurpador mayor” por parte del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, en agosto de 2018, a propósito de los actos de corrupción en los que se le ha vinculado y probado participación, tal es el caso de la empresa brasileña Odebrecht. El TSJ ilegítimo ya no solo en la conformación originaria de su membrecía con violación abierta de las normas establecidas para tal fin sino por sus propias decisiones, aquellas numeradas 155 y 156 de marzo de 2017 que luego, al pretender corregirlas por la vía que impulso el Ejecutivo usurpador, le dejaron en evidencia de una maniobra política totalmente ajena y alejada de las razón jurídica para imponer una razón de interés político al régimen de entonces, hoy en situación de abierta usurpación dictatorial. Finalmente el CNE, cuyas maniobras fraudulentas fueron denunciadas en agosto de 2017 por representantes de la misma empresa encargada de asistirles en las tareas de tecnología electoral, más allá del cuestionado origen que dio lugar al nombramiento de la directiva que hoy lo rige.

Por tanto, llegada la hora de concretar acciones políticas luego del devenir de las ya señaladas decisiones jurídico constitucionales, cabe honrar el lenguaje y llamar a cada cuestión por su nombre y sin temores explicando el porqué del uso debido como ya lo hemos expuesto. No hay tiempo ni lugar para cortapisas y la Venezuela que soñamos ha de encaminar sus procesos de reconstrucción por sendas en las que, el lenguaje y el discurso conforman la primera y fundamental instancia de acción como base de las tareas de cambio y transformación que son necesarias para apuntalar actitudes individuales y colectivas en la conformación de Venezuela como República de Ciudadanos superando el estatus de ausencia de gobernabilidad y gobernanza que caracteriza el actual Estado fallido y forajido que usurpa la Constitución y leyes del Estado Nación. Venezuela ha de ser reencaminada y ser globalmente reconocida como un Estado decente. Los artículos 233, 333 y 350 constitucionales se otean en el horizonte de la ruta que hoy conduce a esos objetivos.